OBLIGACIONES DE BUEN GOBIERNO EN EL ÁMBITO LOCAL
La promulgación de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, incorporó por primera al ordenamiento jurídico administrativo en un contexto de frecuente alumbramiento de casos de corrupción y mala praxis administrativa, un estatuto de obligaciones y deberes de buen gobierno inspirado en principios éticos y normas de comportamiento que deben regir la actuación del conjunto de miembros de Gobierno y altos cargos de los distintos niveles de Administración, acompañado de un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
La pretensión del presente trabajo es analizar las principales peculiaridades de dicho régimen jurídico en el seno de las organizaciones locales, así como las dificultades para su aplicabilidad fruto en buena medida de una deficiente técnica legislativa en ciertos aspectos nucleares referidos a la Administración local, lo que se ha traducido en la práctica en la nula aplicación del régimen sancionador que garantiza el cumplimiento del Estatuto del “buen gobernante local”.