LAS MODIFICACIONES DE CONTRATOS PÚBLICOS EN LA LCSP 2017

En este trabajo se aborda un elemento fundamental de la contratación pública que, si bien no forma parte del procedimiento de contratación, por afectar a la fase de ejecución del contrato, no es óbice para restarle interés, tanto por la complejidad de su regulación como por el abuso de su uso en la práctica de la contratación pública.

La motivación en el estudio de esta materia proviene de la inquietud por conocer en detalle las dificultades que conlleva la materialización en la práctica de las modificaciones de contratos públicos, conforme a las previsiones que establece la ley y la enorme casuística que configura la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los numerosos pronunciamientos de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales y de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, con la finalidad de ser consciente de la trascendencia de realizar un uso excepcional de esta figura, los mecanismos para evitar un uso irregular, así como encontrar instrumentos de mejora. 

Con este fin, se comienza plasmando la evolución jurídica de las modificaciones de los contratos públicos, lo que obliga a tratar el ius variandi de la Administración Pública y el importante papel que ha desempeñado el TJUE, como garante del cumplimiento de los principios generales, ante el tradicional vacío normativo en esta materia. A continuación, se describe el régimen general que configura la regulación actual de las modificaciones de contratos públicos, con arreglo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP 2017), sin adentrarse en las especialidades previstas para ciertos tipos de contratos. Finalmente, se pone de manifiesto la problemática del uso abusivo de las modificaciones de los contratos y la importancia de su control para garantizar la integridad en la contratación pública y luchar contra la corrupción.